Tras el histórico triunfo de nuestra futura Presidenta Claudia Sheinbaum, México entra a una nueva etapa, en la que consolidaremos los enormes avances de los últimos años, en favor de todas las familias mexicanas.
¡Y Guanajuato ha demostrado no querer quedarse atrás! Llegaremos al Senado de la República para promover el bienestar de nuestra gente y ayudar a que nuestro estado recupere la seguridad y el dinamismo económico que lo caracterizaba, para así atraer mayores inversiones, y por consiguiente, más y mejores empleos.
RESUMEN LEY PROFECO
Gracias a mi experiencia como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y bajo la visión humanista y de austeridad republicana de la Cuarta Transformación, presenté como Senador de la República una iniciativa para llevar a cabo una Reforma en materia de Simplificación Administrativa que fortalezca la Protección de los Derechos del Consumidor. En síntesis: una REFORMA PROFECO.
Contempla la ampliación de los términos de consumidor y proveedor para incluir explícitamente a usuarios y prestadores de servicios financieros, así como de servicios médicos privados. Con ello la PROFECO podrá resolver probables actos u omisiones derivadas de la prestación del servicio y probables casos de negligencia o impericia que afecten la salud o integridad de los usuarios.
Así fomentaremos una protección más expedita y mayores responsabilidades legales para las personas e instituciones que desarrollan estas actividades tan importantes.
Los derechos de los consumidores son derechos humanos que el Estado mexicano debe continuar velando, para un mayor empoderamiento de sus ciudadanos y la consolidación de una economía moral.
Como nunca antes en su historia, nuestro país cuenta con la oportunidad de impulsar un auténtico desarrollo que brinde prosperidad compartida para todas sus familias; con un gobierno humanista y progresista, encabezado por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, y todo un fenómeno global de relocalización de inversiones del que México está llamado a ser protagonista.
Para lograrlo es necesario reformar toda una serie de disposiciones legales. Por ello, presenté ante el Senado de la República la iniciativa en materia de relocalización de inversiones y prosperidad compartida.
Este proyecto tiene el objetivo de impulsar una mejor capacitación y educación para la fuerza laboral mexicana, y que con ello esté a la vanguardia en habilidades digitales que hoy son indispensables. Asimismo, llama a fortalecer la infraestructura nacional, especialmente en materia aduanera y de telecomunicaciones.
Con una profunda vocación regional y énfasis en las mipymes, la presente iniciativa busca mejorar las condiciones productivas de nuestro país, que se vean realmente reflejadas en la calidad de vida de las y los mexicanos.
Con la iniciativa de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano buscamos actualizar el marco normativo para gestionar el crecimiento de las ciudades en México, con un enfoque en la sostenibilidad, equidad social y resiliencia urbana.
La propuesta reconoce el crecimiento acelerado de las megalópolis y la proliferación de ciudades secundarias, lo que ha generado desigualdades en el acceso a vivienda, infraestructura y servicios públicos, además de impactos ambientales negativos.
Para abordar estos retos, la reforma propone fortalecer la planeación urbana con criterios de sustentabilidad, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y establecer mecanismos de regulación que frenen la especulación inmobiliaria y promuevan la densificación equilibrada.
Asimismo, se incluyen disposiciones para consolidar la infraestructura verde y azul, promoviendo la conservación de áreas naturales y la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua y la calidad del aire. Se enfatiza la importancia de modernizar los catastros y registros públicos, así como mejorar la recaudación del impuesto predial, con el fin de generar ingresos que permitan inversiones en vivienda social y desarrollo urbano ordenado.
La iniciativa también refuerza el derecho a la ciudad, garantizando acceso equitativo a espacios públicos, movilidad sostenible y participación ciudadana en la planeación territorial. Finalmente, se establecen nuevas figuras jurídicas como los bancos municipales de suelo y mecanismos financieros como bonos de empleo y vivienda verde, para incentivar el desarrollo urbano con criterios de sustentabilidad.
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