Los familiares, y en general, las personas buscadoras de aquellos y aquellas que se encuentran en calidad de desaparecidos o no localizados viven una doble tragedia: el dolor de ignorar el paradero de sus seres queridos y el abandono de autoridades que les orilla a emprender la búsqueda por sus propios medios y recursos, sin el debido acompañamiento institucional, que los deja en una situación de indefensión ante peligros que atentan contra su propia integridad. De acuerdo con cifras del último reporte de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes, en Guanajuato, mi estado natal, se ha multiplicado por siete la desaparición de personas durante los últimos seis años. Aunado a ello se señala que el 80% de los hallazgos ha sido gracias al trabajo de colectivos de búsqueda en el estado, que pasaron de ser 2 a 25. Esta Ley General para la Protección y Asistencia de los Familiares y Personas Buscadoras busca complementar lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, así como por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, al disponer el reconocimiento legal a los familiares y personas buscadoras a nivel victimológico y obligar al Estado mexicano a generar, a través de sus autoridades e instituciones, los procedimiento de protección, participación y asistencia que requieren.